Cambiar las reglas para informar sobre los alimentos volvió a instalar un intenso debate en Argentina. El Gobierno nacional impulsa la derogación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal, una medida que desde su entrada en vigor exige sellos de advertencia en productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías.
La iniciativa ya fue enviada al Senado y propone eliminar tanto los octógonos negros como las restricciones sobre publicidad dirigida a menores y el uso de personajes infantiles en los envases. El Ejecutivo sostiene que el sistema actual genera confusión, incrementa costos para la industria y dificulta la armonización con las normas que analiza el Mercosur.
¿Qué cambiaría el etiquetado frontal?
El proyecto mantiene la obligación de incluir la información nutricional tradicional en los empaques, como el contenido de calorías, grasas, sodio y azúcares. Sin embargo, desaparecerían los sellos de advertencia visibles en la parte frontal de los productos si la derogación avanza en el Congreso.
Especialistas y organizaciones vinculadas con la salud pública sostienen que estos sellos facilitan decisiones de compra rápidas y ayudan a identificar alimentos con alto contenido de nutrientes críticos. Además, recuerdan que la evidencia científica internacional respalda el uso de sistemas de etiquetado frontal como herramienta de información al consumidor.
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El futuro del etiquetado frontal
Mientras el debate legislativo continúa en Argentina, expertos recomiendan mantener el hábito de revisar la información nutricional completa y priorizar alimentos frescos o con menor grado de procesamiento. También recuerdan que ningún sistema de etiquetado sustituye una alimentación equilibrada ni hábitos saludables.
Más de 300 organizaciones académicas, científicas y de salud expresaron públicamente su rechazo a la propuesta de derogación y solicitaron que cualquier cambio considere la evidencia disponible sobre el impacto del etiquetado en las decisiones de compra y la protección de la salud pública.
