Las leyes están diseñadas para dar orden, pero cuando se acumulan sin evaluación adecuada generan resultados opuestos. En México, el exceso de normas ha sido señalado como un freno para la innovación y un terreno fértil para la discrecionalidad.
En su columna nacional publicada en Crónica, Juan Manuel Jiménez subraya que la proliferación de trámites y disposiciones crea un marco que encarece la operación de las empresas y abre oportunidades a la corrupción. Según su análisis, el desafío no radica en regular menos, sino en regular mejor, con reglas claras y procesos que no limiten la competitividad.
Monreal y la iniciativa sobre bebidas energéticas
El texto recuerda la postura del senador Ricardo Monreal, quien defendió en la Comisión de Salud una propuesta para prohibir la venta de bebidas energéticas a menores. Aunque motivada por razones de salud pública, la iniciativa desató un debate sobre hasta qué punto nuevas restricciones pueden convertirse en una carga adicional para sectores productivos que ya cumplen con marcos regulatorios estrictos.
Jiménez explica que la ausencia de evaluaciones costo-beneficio convierte a la regulación en un obstáculo más que en un aliado. Esta práctica permitiría diferenciar entre normas útiles y disposiciones que, en lugar de fortalecer la economía, limitan su crecimiento y desincentivan la inversión.
Hacia un marco regulatorio más eficiente
La digitalización de trámites y la simplificación de procesos son herramientas que podrían transformar la relación entre Estado y ciudadanos. Un sistema más ágil y transparente no solo reduciría costos, también devolvería confianza a quienes buscan emprender o invertir.
El reto de México, como advierte Jiménez, consiste en lograr que la regulación proteja a la sociedad sin debilitar la competitividad económica. Alcanzar ese equilibrio marcará la diferencia entre un entorno productivo dinámico y uno atrapado en la burocracia.
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